Burgos esquiva el pico de pagos de la deuda de los Consorcios con una refinanciación que llega al límite

El Ayuntamiento de Burgos ha recibido la autorización del Ministerio para refinanciar la deuda procedente de los Consorcios del desvío ferroviario y del polígono industrial de Villalonquéjar, una operación con la que pretende aliviar el calendario de pagos previsto para los próximos años. La autorización llega después de meses de negociaciones y cuando el Consistorio tenía por delante un incremento progresivo de las cuotas, que alcanzaban los 32 millones de euros en 2031.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado este viernes la resolución ministerial, acompañada por el vicealcalde, Manuel Manso, y el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo. La regidora ha calificado la decisión de “muy buena noticia” para la ciudad, aunque el permiso llega después de un largo proceso para intentar modificar unas condiciones financieras que concentraban los mayores desembolsos en los últimos años del calendario de amortización.

Hasta ahora, el Ayuntamiento podía negociar con las entidades bancarias los tipos de interés, pero no ampliar los plazos de devolución en los términos que necesitaba. Según ha explicado Ayala, el Ministerio ha autorizado una excepción a las reglas de prudencia financiera que permitirá reestructurar estos préstamos y distribuir los pagos durante más tiempo.

La alcaldesa ha destacado que Burgos será el segundo ayuntamiento de España en acogerse a esta excepcionalidad, después de Zaragoza, que obtuvo una autorización similar para afrontar deudas vinculadas a la Expo.

De 32 millones en 2031 a unos 7,5 millones anuales

El principal objetivo de la operación es evitar que las cuotas de la deuda comprometan la capacidad económica del Ayuntamiento. Según los datos facilitados por Ayala, el Consistorio ha pagado este año algo más de 12 millones de euros y tenía previsto desembolsar 14,6 millones en 2027, 17,8 millones en 2028, 20,3 millones en 2029 y 24,7 millones en 2030. La cuota alcanzaría los 32 millones de euros en 2031, antes de reducirse considerablemente.

Con la refinanciación autorizada, el pago correspondiente a la deuda de los consorcios quedaría en torno a los 7,5 millones de euros anuales, según las estimaciones expuestas por la alcaldesa. La operación afecta a esa parte de la deuda y no implica que todas las obligaciones financieras municipales vayan a quedar sometidas a las nuevas condiciones.

Ayala ha defendido que ampliar los plazos permitirá al Ayuntamiento afrontar sus gastos ordinarios e invertir en la ciudad sin que las cuotas más elevadas absorban una parte tan importante de los recursos disponibles.

La regidora ha sostenido también que la resolución ministerial reconoce la solvencia del Consistorio y considera saneada su situación fiscal. Según las cifras que ha presentado, la deuda municipal pasó de 264 millones de euros en 2019 a unos 204,6 millones al cierre de 2023. El equipo de Gobierno calcula que al terminar 2026 se situará en torno a los 121,5 millones de euros.

El origen de la deuda: la variante ferroviaria y Villalonquéjar

El vicealcalde, Manuel Manso, ha repasado los antecedentes de una deuda que se remonta a proyectos desarrollados entre finales del siglo pasado y comienzos del actual. En el caso de la variante ferroviaria, ha recordado que el coste de las obras llegó a situarse en 265 millones de euros, muy por encima de las previsiones iniciales, y que el Ayuntamiento debía asumir parte de esa financiación.

A esa obligación se sumó la deuda vinculada al desarrollo de las fases III y IV del polígono industrial de Villalonquéjar, gestionado a través de otro consorcio. La desaparición de las entidades financiaras que participaban en este último agravó, según Manso, la situación económica de una estructura en la que el Ayuntamiento quedó con una responsabilidad creciente.

El vicealcalde ha señalado que, cuando el actual equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento en 2023, decidió estudiar la situación de ambos organismos y abordar su disolución. El proceso culminó el 9 de julio de 2024, fecha en la que se formalizó la disolución de los consorcios y el Ayuntamiento asumió una deuda de 193.138.605,34 euros.

Manso ha defendido que mantenerlos en funcionamiento habría dificultado el cumplimiento de sus compromisos financieros. También ha asegurado que el equipo de Gobierno localizó avales municipales por más de nueve millones de euros cuya devolución no se había tramitado y que, tras las gestiones correspondientes, fueron recuperados.

El Ayuntamiento defiende la reducción de deuda y la inversión

Ayala ha presentado la refinanciación como parte de una estrategia que, según ha explicado, se apoya en tres líneas: disolver los consorcios, amortizar deuda y ampliar los plazos de devolución de la parte pendiente. La alcaldesa ha defendido que estas medidas permiten reducir las obligaciones financieras y mantener al mismo tiempo las inversiones municipales.

En ese sentido, ha señalado que el encarecimiento de los contratos y de las obras públicas ha aumentado las necesidades de gasto del Ayuntamiento. Como ejemplo, ha citado el incremento del 37% en el coste del nuevo centro cívico tras el ajuste de precios realizado durante esta legislatura.

La autorización ministerial abre ahora la puerta a reorganizar los pagos de la deuda procedente de los consorcios, cuyo calendario contemplaba un fuerte aumento de las cuotas en los próximos años. El alivio previsto dependerá de la formalización y aplicación de la operación de refinanciación en las condiciones autorizadas.