COAG-CyL advierte de que los Ayuntamientos carecen de competencias para regular purines y estiércoles

COAG-Castilla y León ha elaborado un informe de la mano de su Servicio Jurídico. En el escrito se demuestra que las distintas Ordenanzas municipales reguladoras del vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de origen ganadero, invaden diferentes ámbitos competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Algunas de ellas son la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por la que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; o el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León.

En este sentido, hablan de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como la dictada en el recurso nº 731/2016, que anuló una ordenanza municipal sobre explotaciones apícolas, y que concluyó que "no existe ningún título competencial sectorial que permita o justifique el dictado de la ordenanza impugnada".

Por ello, COAG reclama "cordura y sentido común" a los regidores municipales para que paralicen de inmediato la tramitación de aquellas Ordenanzas sometidas a información pública y deroguen aquellas otras ya de aprobación definitiva, porque "van más allá del ámbito competencial que les corresponde", además de que contravienen o vulneran la legislación de rango superior ya existente al respecto.

COAG CyL asegura no comprender cómo se pueden establecer prohibiciones tales como el vertido de purines en el término municipal, cuando procedan de explotaciones ganaderas ubicadas en otros términos municipales, o como puede prohibirse la circulación de vehículos por caminos o vías públicas del municipio cuando transporten purines originados fuera del municipio.

Para poner fin a esta situación, advierten que actuarán a todos los niveles que sean necesarios para defender el interés general de ganaderos y agricultores, quienes tienen que continuar con el desarrollo normal de su actividad para garantizar vida y riqueza en nuestro medio rural, frente a los que solo quieren "pueblos para los fines de semana".