Un total de 34 personas, siete más que en 2022, han fallecido en los 28 siniestros mortales registrados en carretera esta Semana Santa, que ayer tocaba a su fin.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho públicos estos datos en un comunicado difundido esta misma mañana, en el que aclaraba que el incremento de la mortalidad por accidente de tráfico se ha producido, fundamentalmente, en carreteras convencionales, donde han perdido la vida 27 personas. En cuanto al tipo de accidente, la salida de vía ha sido el más recurrente, con 15 fallecidos más que el año pasado.
Preocupante también el dato del incremento de la mortalidad en jóvenes entre 15 y 24años, un grupo etario en el que se han identificado 9 víctimas mortales frente a las 2 dela Semana Santa de 2022.
Según la DGT, el número de desplazamientos ha sido significativamente mayor que en elmismo período del ejercicio precedente. Y tampoco podemos dejar de considerar en este análisis los dos siniestros de gravísimas consecuencias que han tenido lugar en Lugo y Cantabria. Pero, pese a ello, los datos publicados hoy evidencian una realidad cada vez más tozuda: atrás han quedado aquellos años en los que la siniestralidad en España apuntaló una evolución a la baja que se convirtió en modelo a replicar en otros muchos países, unasituación que es muy poco probable que pueda repetirse en el escenario actual.
En este sentido, desde la Asociación Española de la Carretera queremos hacer un llamamiento urgente a la adopción de nuevas medidas que impidan que nuestras redes viarias vuelvan a ser protagonistas de episodios tan trágicos como los vividos estos días.
Medidas que pasan, inequívocamente, por mejorar la infraestructura. Y esto no lo decimos ahora.
En el año 2017 publicamos un informe en el que se ponía de manifiesto que una inversión de 730 millones de euros durante tres años en 1.121 kilómetros de la red viaria convencional podría evitar 69 muertes y que más de 200 personas sufrieran heridas como consecuencia de un accidente de circulación.
La construcción de las ya conocidas "carreteras 2+1", la generalización de las auditorías e inspecciones de seguridad vial, la eliminación de tramos de concentración de accidentes, el tratamiento de tramos singulares (intersecciones, accesos, paradas de autobús...), la mejora del estado del pavimento o la adecuación del equipamiento (señalización vertical y horizontal, barreras de seguridad, balizamiento, iluminación...) son soluciones sencillas y de un coste asumible que podrían dar un giro a las estadísticas.
Otras, como márgenes despejados, eliminación de obstáculos en los laterales de la vía, suavizado de pendientes o sistemas de contención de vehículos adaptados a las distintas tipologías de usuarios (incluyendo sistemas de protección para motociclistas y alta contención para vehículos pesados), serían muy efectivas para evitar los siniestros por salida de vía y, en su caso, atenuar las consecuencias fatales que suelen tener estos accidentes.
Aunque no disponemos a día de la fecha de datos sobre accidentalidad en entornos urbanos, proponemos, asimismo, acometer una serie de actuaciones que mejorarían ostensiblemente la seguridad de los usuarios más vulnerables de la movilidad, tales como la construcción de infraestructuras específicas para vehículos de movilidad personal (VMP) y ciclistas, la creación de itinerarios peatonales seguros o la humanización de travesías.