La ZBE podría circunscribirse hasta la calle San Lesmes y el Casco Histórico

El Ayuntamiento ya se encuentra trabajando en la redacción de una nueva Ordenanza de Movilidad y de un nuevo proyecto de Zona de Bajas Emisiones, después de que la Justicia anulara la semana pasada el proyecto del contrato de Zona de Bajas Emisiones, aprobado por el anterior Equipo de Gobierno por saltarse todo el procedimiento administrativo, según ha señalado el presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, José Antonio López.

En este sentido, tras recordar que se ha llegado a esta situación por la "chapuza del PSOE en el anterior mandato", ha anunciado que, ante la urgencia de la situación, y ante la posibilidad de perder parte de los Fondos Europeos, vinculados a esta iniciativa, este martes se celebrará la reunión del Gabinete de Movilidad para dar los primeros pasos en la redacción de la nueva ordenanza y concretar la situación en la que se encuentra este asunto.

En esta línea, ha señalado que este Gabinete de Movilidad estará formado por el Jefe de Bomberos, el Intendente de la Policía Local, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, el edil de Urbanismo, Juan Manuel Manso, el presidente del Servicio de Movilidad, José Antonio López y varios técnicos de éste área.

Al respecto, ha anticipado que la intención es redimensionar la Zona de Bajas Emisiones y se atenderá a los criterios técnicos para decidir si las zonas de exclusión de vehículos se establece en una o dos, así como también la extensión que abarca.

López ha confirmado que va a haber una zona clara afectada por la peatonalización, y la voluntad del Equipo de Gobierno es circunscribir esta Zona de Bajas Emisiones hasta la calle San Lesmes con todo el Casco Histórico.

Todo esto dependerá de los informes técnicos, ya que lo que se pretende es evitar los criterios políticos en esta decisión, tal y como hizo la anterior Corporación.

Asimismo, también será la opinión de los técnicos la que decida si se puede o no aprovechar algo de la anterior propuesta de Zona de Bajas Emisiones, o es necesario redactar una nueva ordenanza.

El Equipo de Gobierno tiene la intención de salvar los siete millones de Fondos Europeos, por lo que ha pedido una ampliación del plazo más allá de diciembre de 2024.

Además, ha asegurado que será necesario analizar si el coste del proyecto cambia, en función de las zonas que se delimitan, al tiempo que ha dejado claro que será necesario indemnizar a la empresa, en este caso Etralux, encargada de elaborar el contrato de Bajas Emisiones que la Justicia ha declarado nulo y cuyo importe, si se atiene al 20% del coste del mismo, podría ascender a 700.000 euros.