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Los "supuestos" hechos, ocurridos a primeros del mes de marzo, fueron denunciados en el Puesto Principal de Coín, en la provincia de Málaga.
En aquel entonces, el "perjudicado" aseguraba haber sido víctima de un robo con fuerza, perpetrado en el interior de la cabina de su camión cuando pernoctaba en un área de descanso de la provincia de Burgos, concretamente en La Brújula, a su paso por carretera N-I.
Refería que, tras forzar la cerradura, le sustrajeron su cartera con diversa documentación personal, 100 euros en efectivo y una tarjeta de débito que más tarde fue utilizada realizando diversos cargos por un importe total de 303 euros.
El permanente trasiego de información y colaboración entre unidades del Cuerpo, permitió que los hechos fueran puestos en conocimiento del Puesto Principal Alfoz de Burgos, que iniciaba una investigación, practicando gestiones con la entidad bancaria.
Fruto de las pesquisas realizadas se conoció el origen real de los cargos bancarios, demostrando que los gastos fueron efectuados voluntariamente por el propio denunciante.
Tras las diversas entrevistas personales realizadas, se le ha podido vincular en tiempo, hora y lugar en un establecimiento de ocio ubicado en la superficie donde estacionó su vehículo.
Con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de Coín, ha sido localizado y detenido en dependencias oficiales, como presunto autor de un delito de simulación de delito. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Briviesca.
Consecuencias de una conducta inadecuada
Desde la Guardia Civil se quiere lanzar un claro mensaje sobre este tipo de hechos y advertir de las consecuencias y responsabilidades en las que se incurre con este tipo de denuncias en la que los ciudadanos, posiblemente mal asesorados por terceras personas, pretenden obtener una indemnización del seguro o encubrir negligencias o descuidos.
Una denuncia falsa supone un delito y puede acarrear la pena de prisión de hasta tres años y una sanción de hasta 6.000 euros, además de generar antecedentes procesales que pueden limitar durante varios años el acceder a un puesto de trabajo en la administración pública.