Desde noviembre de 2012, fecha en la que finalizó el contrato, el servicio se estaba realizando sin una licitación, lo que supone un enriquecimiento de la empresa gestora.
Salinero afirma que la culpable de este sobrecoste es Carolina Blasco, pues es quien ha permitido a la empresa facturar a través de una ilegalidad. "Poco le importa el medio ambiente, la contratación pública y la ley", afirma Salinero.
Añade que por fin se ha pagado esta sentencia, pero pide que tanto el Partido Popular como la propia concejala asuman responsabilidades, así como los gastos derivados de la sentencia, que ascienden a 35.000 euros.
Salinero habla de una segunda lectura, afirmando que el PP manipula la asesoría jurídica del Ayuntamiento, pues su fin no es la defensa de Carolina Blasco sino velar por los intereses de la institución municipal.