En la reunión mantenida esta mañana por el Consorcio de Villalonquéjar se ha conocido que la deuda del mismo asciende a 110 millones de euros. Por lo que al Consorcio de la Variante del Desvío Ferroviario se refiere, las Entidades Financieras han vuelto a exigir la disolución del mismo.
La Casa del Cordón ha sido el escenario donde se han mantenido las reuniones de ambos Consorcios. El de Villalonquéjar está integrado exclusivamente por la Fundación Caja de Burgos y por el Ayuntamiento de la capital. Los votos de la Fundación y del Partido Popular han aprobado las cuentas del ejercicio 2015. El PSOE y Ciudadanos se han abstenido, mientras que Imagina Burgos ha votado en contra de las mismas.
Durante el desarrollo del mismo se ha leído un escrito del Instituto de Crédito Local (ICO), entidad a la que se debe aproximadamente la mitad de la deuda, que solicita la disolución de dicho Consorcio, ya que dice se ha producido un incumplimiento por parte del Ayuntamiento de las condiciones reflejadas en el Convenio suscrito en 2014, especialmente en el apartado del abono de las cantidades pactadas. Allí se ha sabido también que el próximo mes de septiembre este Consorcio deberá hacer frente al pago de alrededor de 18 millones de euros, cantidad que no dispone en la actualidad debido entre otras causas a que no se han vendido terrenos últimamente.
En lo referente al Convenio para el Desvío de la Variante Ferroviaria además de los representantes políticos y algunos técnicos municipales han estado presentes en la reunión la Fundación Caja de Burgos e Ibercaja (esta última delegada la representación desde la Fundación Caja Círculo).
Desde Ibercaja han pedido la disolución del Consorcio, algo que también ha hecho la Fundación Caja de Burgos, añadiendo su director que los consejeros podían incurrir en Responsabilidad Patrimonial si tal cosa no llega a producirse. La deuda reconocida supera los 167 millones de euros.
Algunos de los acuerdos adoptados han sido que el Secretario del Ayuntamiento realice un informe sobre quienes jurídicamente integran el Consorcio y qué representación ostentan, es decir, si forman parte legalmente del mismo las Fundaciones herederas de las Cajas de Ahorro o si por el contrario, son los bancos que absorbieron a dichas Cajas.
También se va a encargar a una Asesoría independiente del Consorcio (gastos que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Burgos) que realice un informe en el que quede constancia de la situación legal y patrimonial del mismo (si está o no en situación de disolución, viabilidad actual, fecha desde la que puede haber incurrido en motivos de disolución y quienes han sido los responsables de que esta situación no se haya atajado con anterioridad).
Todo apunta a que antes de septiembre, al menos desde el punto de vista del Ayuntamiento de Burgos no habrá ningún movimiento, máxime cuando todas las formaciones políticas en él representadas mantienen las mismas posiciones manifestadas en el último Pleno Municipal, aunque dicen que estarán muy pendientes de lo que vayan a hacer las Entidades Financieras, que son las que ahora podrían instar jurídicamente a una disolución.