Vox se alegra de que 42 medios de comunicación, que no son todos los afectados, hayan presentado una demanda judicial contra la Ley de Publicidad Institucional Regional que presentó Podemos-Vox-Psoe y el "satélite" Igea fuera ya de todo partido político. La llamada ya como Ley Voxcialista provocará, si judicialmente no se remedia, unos cien despidos de periodistas y el cierre de no menos veinte medios de comunicación en Castilla y León. El límite del 33 por ciento de la facturación de publicidad oficial, sea del estamento que sea, rompe la libertad de concurrencia de medios y la libertad de expresión ante los grandes grupos de comunicación regionales y nacionales. Todo lo contrario a lo que se pedía con esta Ley trampa. Los medios locales y provinciales van a ver recortados sus ingresos y la llamada vertebración de la Comunidad se romperá.
Mientras Podemos guarda un cómplice silencio, Psoe a través de su líder, Carlos Martínez, han anunciado que "se intentará corregir el error", pero es Vox quien se mofa y presume de ello. Los extremos, una vez más, se juntan. Comunistas y ultraderecha, sabedores de que probablemente no haya mayoría absoluta en los dos grandes partidos, se jactan cada día de su política radical y autoritaria.