De creer al presidente de la Junta, cuya credibilidad en esta materia se resiente lo suyo vista la posición mantenida en vísperas del adelanto electoral de 2022, Castilla y León agotará la actual legislatura, de forma que las próximas elecciones autonómicas se celebrarán en marzo de 2026
Sobre el papel, en la actual coyuntura, con un gobierno del PP en minoría e incapaz de presentar nuevos Presupuestos, Alfonso Fernández Mañueco tendría hoy más motivos para el adelanto electoral de los que tuvo hace tres años cuando, inopinadamente, dinamitó su pacto de gobierno con Ciudadanos, mandó a la papelera unos Presupuestos a punto de aprobarse y convocó a las urnas en el mes de febrero.
Para los aduladores de turno fue una jugada propia de todo un estratega, pero la realidad es que fue un auténtico fiasco. El PP pensaba que el previsible desplome electoral de Ciudadanos le catapultaría, si no hasta la mayoría absoluta, hasta un nivel no alejado de ella que en el peor de los casos le permitiría gobernar en solitario. El chasco fue monumental, al punto de que los populares, si bien pasaron de 29 a 31 escaños de las Cortes, descendieron en numero de votos, sin beneficiarse en absoluto del descalabro naranja. El gran beneficiado de tan sagaz adelanto resultó ser Vox, que, al engullir el grueso del antiguo voto naranja, pasó de tener un solo procurador a contar de golpe con 13, erigiéndose en llave de gobierno en la Junta.
El resultado fue que Mañueco se deshizo de Ciudadanos para echarse en brazos de Vox, abriendo una nefasta etapa de gobierno que afortunadamente terminó el pasado verano porque así lo decidió, no Mañueco, sino Santiago Abascal, que decidió romper con el PP en los gobiernos autonómicos (no así en los municipales ni en otras instituciones que siguen cogobernadas por ambos partidos, verbigracia el ayuntamiento de Valladolid). Liberado de la atadura de la ultraderecha y de la tormentosa cohabitación con el vicepresidente García-Gallardo, Mañueco ha podido revertir algunos de los estragos causados por la ultraderecha a su paso por la Junta, especialmente los relacionados con el diálogo social, al tiempo que ha metido en un cajón engendros legislativos como la proyectada Ley de la Discordia con la que se iba a derogar el decreto de Memoria Democrática (la de la Violencia Intrafamiliar, destinada a sustituir a la de Violencia Doméstica, no llegó a ver la luz). Acaso el mayor lastre de ese nefando pacto PP-Vox sea la permanencia en la presidencia de las Cortes de un presidente, Carlos Pollán, que sigue degradando de forma harto lamentable el ya de por sí maltrecho prestigio del "mausoleo" de Villa del Prado.
Volviendo al día de hoy, lo cierto y constatable es que, tan pronto quedó atrás el paréntesis navideño, el gobierno Mañueco ha activado el botón "en modo electoral" como si las elecciones autonómicas estuvieran a la vuelta de la esquina. En las dos últimas semanas la agenda del presidente ha estado plagada de actos institucionales programados con una puesta en escena manifiestamente electoralista, algo que no ha pasado inadvertido a una oposición socialista a la que se le está haciendo muy largo el tránsito entre la etapa liderada por Luis Tudanca y la de sucesor al frente del partido, Carlos Martínez.
Si por Mañueco fuera, habríamos acudido a las urnas el pasado otoño en unas elecciones convocadas inmediatamente después de la ruptura con Vox. Pero, aunque formalmente el adelanto electoral constituye una prerrogativa del presidente, en la práctica ni Mañueco ni ningún otro presidente autonómico del PP (excepción hecha de Díaz Ayuso, que juega aparte su propia liga), pueden activar el botón de un adelanto electoral sin contar antes con el plácet de Alberto Núñez Feijóo. Y en Génova no están por anticipar ninguna elección autonómica hasta que el PP no despeje su oscuro panorama en la Comunidad Valenciana, donde Feijóo, con tal de conservar a toda costa el gobierno autonómico, ha apostado por dar una oportunidad a un presidente, Carlos Mazón, absolutamente irredimible.
Esa encrucijada valenciana ha bloqueado cualquier posible adelanto electoral en las comunidades gobernadas en minoría por el PP y, por ende, en Castilla y León. Y ese bloqueo se mantendrá, como mínimo, hasta el próximo otoño. Ello para contrariedad de Mañueco, que, si dispusiera de manos libres, no dudaría en convocar nuevas elecciones cuanto antes, sabedor de que pillaría sin candidato a su verdadero competidor en las urnas, Vox, si bien, a efectos electorales, no tiene la menor trascendencia que el cartel electoral de la ultraderecha no lo encabece García-Gallardo, un político que ya estaba amortizado del que sospecho que ha aprovechado la expulsión de los dos procuradores díscolos de su grupo para pegar la espantada cuando ya sentía desahuciado por Abascal para repetir como cartel electoral en las próximas autonómicas. De paso, y eso es más relevante electoralmente, un adelanto reduciría el tiempo que necesita el PSOE para proyectar a lo largo y ancho de la comunidad la candidatura de Carlos Martínez.
En previsión de lo que puede ocurrir y, sabedor de que en todo caso y como muy tarde habrá elecciones en poco más de un año, Mañueco no ha esperado ni a que terminara el mes enero para iniciar un despliegue -a destacar, el relanzamiento de la vicepresidenta Blanco más allá de las competencias de su consejería- descaradamente electoral.