El secretario general del Partido Castellano Tierra Comunera y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León en los comicios del próximo 15 de marzo, Luis Marcos, ha denunciado la discriminación en materia económica que sufre la comunidad autónoma de Castilla y León, ha presentado el modelo de financiación económica que propone la formación castellanista, más justo y equilibrado para todos y ha denunciado el olvido del pago de la Deuda Histórica que el Estado Español debe a la población de Castilla y León.
El partido dentro de su campaña de visualizar el programa electoral transformador que presenta ante los comicios autonómicos, ha abordado en esta comparecencia la necesidad de una financiación justa para garantizar los servicios públicos y del reconocimiento de la Deuda Histórica de Castilla y León. El programa que presentan los castellanistas está centrado en el «rescate social y territorial» que es necesario para fortalecer Castilla y León, devolver el protagonismo a la ciudadanía, garantizar que la riqueza que genera esta comunidad revierta en sus pueblos y habitantes y ofrecer un futuro esperanzador para los jóvenes y el medio rural.
Un modelo desigual que agrava las diferencias territoriales
Según los datos del partido, la comunidad de Castilla y León cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 15.000 millones de euros, que suponen 6.000 euros por habitante, fruto de las tributaciones propias, de las aportaciones del estado central y del endeudamiento, cantidades que son manifiestamente insuficientes para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales para la población de esta comunidad autónoma en todo su territorio. Es preciso recordar que las comunidades de País Vasco o Navarra, fruto de sus privilegios forales, tienen una financiación autonómica de más de 7.500 euros por habitante.
Medidas imprescindibles para un modelo de financiación en Castilla y León más justo
Para la formación regionalista un modelo de financiación justo para Castilla y León necesitaría una reforma del sistema que pondere de manera adecuada sus características demográficas y geográficas, fundamentalmente la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica.
Mayor peso de la población ajustada
Los castellanistas abogan por un sistema donde la financiación no se base únicamente en la población residente total (población de derecho), sino en la población ajustada o el coste efectivo de los servicios. Este criterio tiene en cuenta factores que encarecen la prestación de servicios públicos en territorios con baja densidad de población, elevada dispersión y un elevado porcentaje de personas mayores.