El futuro ferroviario de Miranda de Ebro llega a las Cortes tras el desmantelamiento del taller de Renfe

El Grupo Parlamentario Popular ha defendido en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para exigir garantías sobre el futuro ferroviario de Miranda de Ebro tras el desmantelamiento del Taller de Material Remolcado de Renfe, y para reclamar que las inversiones anunciadas por el Gobierno de España "se traduzcan en actividad y empleo reales, y no se queden en meros anuncios". La iniciativa ha sido defendida por la procuradora del GPP por Burgos Belén Vélez.

Vélez ha recordado que el debate "no responde a una decisión surgida de forma repentina", sino a "un proceso que los trabajadores, los sindicatos y la sociedad mirandesa llevan meses denunciando, entre incertidumbres, informaciones contradictorias y falta de transparencia". La procuradora ha reconstruido la cronología del cierre: de la desescalada de actividad advertida a finales de 2025 —que el propio Gobierno llegó a negar en el Congreso en noviembre de ese año— a la reunión del 30 de junio de 2026 que confirmó el traslado de la actividad a Material Motor, hasta las informaciones del 21 de agosto que daban por afrontado "el final del desmantelamiento", con apenas nueve trabajadores realizando las últimas labores.

"Cuando presentamos esta PNL planteábamos evitar el cierre. Hoy sabemos que el proceso ha avanzado, y precisamente por eso esta iniciativa es más necesaria que nunca", ha subrayado Vélez. “El cierre de unas instalaciones puede ser irreversible; la pérdida de actividad industrial no tiene por qué serlo. De eso estamos hablando hoy".

Vélez ha valorado positivamente los anuncios realizados — el paquete de inversiones para la ciudad, el mantenimiento del empleo de la plantilla de Renfe y la posible planta de reciclaje de trenes—, pero ha reclamado "concreción". "Celebramos cualquier inversión, cualquier proyecto y cualquier empleo que se mantenga en Miranda. Pero una cosa es anunciar inversiones y otra garantizar el futuro industrial de la ciudad; una cosa es garantizar la recolocación de los trabajadores de Renfe y otra garantizar toda la actividad económica que generaba el taller, incluidas las empresas auxiliares", ha advertido, recordando que el pasado 30 de junio ya se conocieron notificaciones de ERE y cartas de despido en empresas subcontratadas.

Por ello, la procuradora ha planteado las preguntas que, a su juicio, siguen sin respuesta: qué inversiones están comprometidas y con qué calendario, qué nuevas cargas de trabajo llegarán a Miranda, cuántos puestos directos se mantienen, qué previsión existe para el empleo indirecto y cuál es la estrategia de Renfe para la ciudad dentro del futuro del transporte ferroviario de mercancías. "Garantizar la recolocación es importante, pero no responde por sí solo a todas estas preguntas", ha remarcado.

Vélez ha detallado que la PNL "no se limita al primer punto, tiene cinco apartados que siguen plenamente vigentes": solicitar la paralización de cualquier actuación que suponga el cierre hasta disponer de toda la información y estudiar alternativas; garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo directos e indirectos; abrir un proceso de diálogo real entre el Gobierno de España, Renfe, los trabajadores, los sindicatos, las administraciones y los agentes económicos y sociales; impulsar un plan de viabilidad y modernización que asegure la continuidad y la competitividad del taller; y garantizar información periódica sobre las actuaciones y los resultados obtenidos.

La procuradora ha subrayado que esta posición "es la que la propia Junta de Castilla y León considera razonable y necesaria", ya que ha informado favorablemente la iniciativa, considera que "deben agotarse todas las vías para garantizar la continuidad" y apuesta por inversiones, modernización tecnológica, nuevas cargas de trabajo, especialización y formación. La Consejería de Industria, ha añadido, reconoce que la desaparición del taller supondría "una pérdida relevante de empleo cualificado, afectaría al tejido económico e industrial de Miranda y reduciría las capacidades industriales del sector ferroviario en Castilla y León".

"Miranda no pide un trato de favor: pide que se valore lo que tiene. Tiene trabajadores cualificados, tradición ferroviaria, instalaciones, ubicación estratégica y capacidad para seguir formando parte del futuro ferroviario de Castilla y León", ha concluido la procuradora. "Incluso cuando una decisión ha comenzado a ejecutarse, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de trabajar para que el futuro sea mejor que el presente. Por eso mantenemos nuestra solicitud de respaldo a esta iniciativa: no para mirar hacia atrás, sino para defender el futuro".