Estos talleres reciben suministro de material de empresas externas y, en muchos casos, en el proceso productivo intervienen de manera directa personal de esas empresas, agravando así el riesgo de contagio.
CSIF recuerda que los profesionales penitenciarios y la población reclusa tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, primero, la administración penitenciaria debe adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos para la salud y seguridad y, segundo, se debe observar en todo caso las recomendaciones e instrucciones impartidas en cada caso por las autoridades sanitarias en relación con la prevención de la transmisión del coronavirus Covid-19.
En este sentido, CSIF indica que en los referidos talleres entra personal ajeno a la prisión, como monitores de las empresas o conductores de los camiones que transporta el material destinado a la producción, que comparten con el personal penitenciario y los internos espacios cerrados que, en muchos casos, son reducidos e impiden cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en esta pandemia.