El PP culpa al PSOE de impulsar unos estatutos del Consorcio que pasan las consecuencias del mismo a la ciudad

A principios del año 2003 el entonces alcalde Olivares decidía crear un consorcio para la gestión de la variante ferroviaria con unos estatutos donde, en su artículo 18, "clausula Olivares", estableció que el ayuntamiento de Burgos asumiera en el futuro las obligaciones que no pudiera afrontar el consorcio.

Días después de aquella aprobación, el 11 de abril de ese año, firmó el alcalde Olivares de su puño y letra la primera financiación bancaria del consorcio donde el Ayuntamiento figuraba como avalista y garante de la operación, que ha sido el modelo para todas las refinanciaciones posteriores firmadas por el Consorcio, una novación que se reprodujo después en las refinanciaciones de 2006, 2008 y 2014.

Llegados a este momento del 2016 solo caben dos caminos tras aquella hipoteca: o el ayuntamiento sigue colaborando con el Consorcio para que éste afronte sus obligaciones, como hasta ahora, o se inicia la disolución del mismo con las consecuencias que decidió aquel alcalde del gobierno bipartito hace 13 años, dice el Grupo Municipal del PP en un Comunicado.

El PP durante todos estos años no ha exigido responsabilidades al gobierno municipal que impulsó aquella condición leonina para el futuro de la ciudad y se ha limitado a intentar solucionar las consecuencias de aquella decisión, por lo que ahora pide la misma responsabilidad para quien está ahora en la oposición pero entonces eran gobierno.

Por último, en cuanto a retirar el asunto del pleno de ayer, dice el Grupo Popular parece "un poco surrealista que quienes pidieron que se retirara en la reunión mantenida el martes, ahora critiquen que quedara sobre la mesa".