El PSOE pide al Equipo de Gobierno que no demore la implantación de la ZBE
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa ha pedido al Equipo de Gobierno que implante la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad y no demore su puesta en marcha porque es una normativa de obligado cumplimiento que emana de la Unión Europea y que está destinada a ciudades de más de 50.000 habitantes.
Tras conocer las declaraciones del concejal de Movilidad, José Antonio López en las que expresaba su deseo de "dar una vuelta a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones porque el proyecto del anterior Equipo de Gobierno era demasiado restrictivo", De la Rosa que asume también el retraso cuando gobernaba, le ha recordado que su obligación es poner en marcha este proyecto y si no, conocer las consecuencias de su no aplicación.
Tras recordar que la Zona de Bajas Emisiones mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, desde el punto de vista medioambiental, ha acusado al concejal de "mentir", cuando afirmó que el Ayuntamiento cuenta con una moratoria hasta el 2027 para su aplicación.
"No va a existir moratoria" ha indicado el edil socialista, antes de añadir que "otra cosa es que no haya sanción para aquellos ayuntamientos que no cumplan".
En este sentido, se ha ofrecido a colaborar para implementar la Zona de Bajas Emisiones y ha recordado que si quieren modificar el proyecto elaborado por el anterior Ejecutivo, deben dirigirse al Servicio de Contratación e Ingeniería Industrial, al tiempo que ha vaticinado que probablemente habría que indemnizar a la empresa encargada del mismo.
Asimismo, ha resaltado que de las tres zonas que establece el proyecto, la Cero apenas sufre cambios, mientras que la Básica y Ampliada por su parte, si contemplan mayores restricciones a los vehículos. Por ello, ha apelado a que hasta el año 2027 y 2030, se renueve el parque automovilístico de Burgos para adaptarse a la nueva normativa.
Además, ha recordado que si no se implanta la Zona de Bajas Emisiones, habrá que devolver los 2,6 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos para su financiación, al tiempo que ha resaltado que hasta el 31 de diciembre de 2024 hay margen para cumplir con la financiación, instalar los sistemas de medición, formar al Personal y realizar una campaña de información ciudadana.
En esta línea, recomienda al Equipo de Gobierno aprobar la Ordenanza para llegar a tiempo, resolver el contencioso judicial a la que está sujeta, y si no están de acuerdo con el proyecto, iniciar una modificación, para "no deja este asunto en el limbo".