Herrera firma un acuerdo de Comunidad con los grupos parlamentarios
El pacto sellado hoy tiene su origen en la oferta realizada por el presidente Herrera en su discurso de investidura el 2 de julio de 2015, cuando solicitó un esfuerzo de los grupos parlamentarios para fijar una posición de Comunidad ante la próxima revisión del sistema de financiación autonómica.
La propuesta del jefe del Ejecutivo partía de una premisa que ha sido compartida por todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes: la insuficiencia demostrada por el modelo vigente para cubrir el gasto de la prestación de los servicios públicos fundamentales en Castilla y León, en condiciones de equidad y calidad.
Este diagnóstico común propició que la financiación autonómica se incluyera también como asunto para la búsqueda de consenso en otro acuerdo de Comunidad sobre cuatro materias, formalizado el 22 de julio entre el presidente de la Junta y los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios mayoritarios: Carlos Fernández Carriedo (Popular), Luis Tudanca (Socialista), Pablo Fernández (Podemos) y Luis Fuentes (Ciudadanos).
A partir de entonces, se constituyó un grupo de trabajo específico sobre la reforma del modelo, liderado por la Consejería de Economía y Hacienda e integrado por procuradores de los cinco grupos de la Cámara -se adhirió el Mixto-. Sus conclusiones, fruto del diálogo y la aportación de las partes, se han sustanciado en un documento que recoge los 14 criterios que deben inspirar la negociación de la financiación de las comunidades autónomas.
El texto subraya la necesidad de potenciar la suficiencia del sistema, de manera que garantice a las autonomías los recursos que precisen para financiar todos los servicios de su competencia, tanto en el presente como en el futuro.
El modelo debe asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales en niveles similares en todo el territorio, con independencia de la capacidad de las comunidades para generar fondos propios o de la evolución que experimente la recaudación en cada una. Se trata de reforzar el principio de nivelación para dar cumplimiento al principio de igualdad consagrado en la Constitución, evitando la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase en función de la atención que reciben.