Desde el sindicato critican que se ha producido un endurecimiento en el acceso, cuantía y periodo de las prestaciones por desempleo, motivado por la reducción del gasto en prestaciones.
"Uno de los mayores exponentes de los criterios restrictivos se encuentra en la regulación efectuada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que supuso una agresión en toda regla al sistema de protección social de nuestro país, castigando a los trabajadores que más sufren el impacto de la crisis: los que han perdido su puesto de trabajo", señalan desde UGT.
Las medidas impuestas desde entonces en materia de protección "conforman un tipo de política que, aplicada en época de crisis económica persistente, no conduce sino al aumento de la pobreza, la marginalidad y las desigualdades" que están alcanzando dimensiones hasta ahora desconocidas.
Consideran necesario reformar la protección por desempleo para hacerla más inclusiva y extensa, disminuir los niveles de desigualdad y pobreza y rescatar así a las personas que han sufrido los efectos de la crisis.
El gasto en prestaciones y subsidios en Castilla y León viene decreciendo desde el año 2013 un 38%, llegando a alcanzar niveles de antes de la crisis, pero con un hándicap, la tasa de cobertura por desempleo se ha desplomado en más de un 15% hasta llegar a mínimos históricos en la Comunidad.
Para UGT, se necesitan muchos más recursos y otras actuaciones para ayudar a encontrar trabajo a los 4,5 millones de trabajadores sin empleo que hay en nuestro país y los 186.500 en Castilla y León, y hacer los servicios públicos de empleo más eficaces en su tarea.
UGT considera que hay que revertir la trayectoria del empeoramiento de la calidad en el empleo, marcada por más precariedad, derivada del abuso de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial involuntaria (sólo 5 de cada 100 contratos registrados hasta agosto en Castilla y León son indefinidos a tiempo completo). Este tipo de empleo que se crea es "pan para hoy y hambre para mañana" y no contribuye a generar más ingresos para una Seguridad Social ya deficitaria, ni a consolidar el crecimiento económico.
En 2010 el 75% de los desempleados registrados a nivel nacional percibía una prestación por desempleo, en Castilla y León el 63% y en lo que llevamos de 2016 lo hacen poco más de la mitad en el Estado y el 45% en Castilla y León.
Además, "es fundamental realizar una reforma integral del sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extenso; revisar al alza tanto las cuantías de las prestaciones como su duración; y recuperar el subsidio para mayores de 52 años en las condiciones de acceso y garantías anteriores a la pasada legislatura", apostillan.
Se debe facilitar el acceso al Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el Plan de Recualificación Profesional (PREPARA), eliminando las obstáculos que ha ido sumando el Gobierno con el único de fin de vender a la sociedad una línea de ayudas sociales sin que estas lleguen a los destinatarios potenciales.
De la misma forma desde el sindicato reclaman al Gobierno Autonómico en materia del PIE (Programa personal de integración y empleo), ayuda en la Comunidad para aquellos trabajadores sin prestación ni subsidio, el acceso más flexible y un presupuesto que cubra al total potencial de los posibles beneficiarios.