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La Plataforma Social de Castilla y León y la Coordinadora de Pensionistas de Burgos han subrayado la urgencia de aprobar el decreto que regulará los ratios mínimos de personal en residencias y centros de día de la Comunidad. El portavoz de la Plataforma Social, Jorge Félix Alonso, ha calificado esta medida de "fundamental" para asegurar una atención adecuada a las personas mayores. La normativa, aún en fase de tramitación, pretende poner fin a una de las carencias estructurales más denunciadas por familiares y trabajadores: la falta de personal suficiente para cubrir las necesidades básicas de los residentes.

Alonso también ha denunciado el actual modelo de privatización de la atención residencial. Según ha señalado, en Burgos hay 7.161 plazas de residencia, pero solo 507 son públicas. Si se suman las concertadas, la cifra alcanza las 935, lo que significa que apenas una de cada siete plazas es gestionada directamente por la administración. "Estamos ante un modelo privatizador y de bajo coste", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de la coordinadora de Pensionistas de Burgos, Manuel Alonso, ha reclamado una mayor atención tanto en residencias como en centros de día. Ha criticado el abandono de muchos edificios públicos que podrían destinarse a nuevos servicios para mayores, y ha defendido el derecho de este colectivo a "residir y vivir en su entorno, sin perder la cercanía de sus familiares y vecinos".